La Nueva Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo (V)

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Publica: Revista Digital Canarias Emplea – RED CANARIAS EMPLEA

Autores: Manuel González de la Rosa


¿Conoces la Nueva Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo? (V)

Presentamos la quinta entrega sobre la Nueva Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, con el objetivo de continuar profundizando en los contenidos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, facilitando su comprensión y favoreciendo su divulgación.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo anterior y el nuevo modelo?

Modelo anterior Nuevo modelo
Existencia de un marco competencial complejo y conflictividad jurídica. El nuevo modelo de formación profesional para el empleo será de aplicación a todas las Administraciones públicas.
Ausencia de planificación estratégica lo que impedía identificar correctamente las necesidades reales. Sistema eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo y marco plurianual.
Los agentes sociales: fijaban las prioridades y participaban en la valoración y concesión de los planes. Los agentes sociales tendrán un papel protagonista en la prospección, planificación y programación de la actividad.
Los agentes sociales eran los únicos habilitados para participar en la formación subvencionada o de oferta. La gestión de la formación de oferta se realizará en régimen de concurrencia competitiva entre centros de formación.
Se realizaban pagos anticipados a las organizaciones beneficiaras de hasta el 100%. Se limitan los pagos anticipados que, en ningún caso, podrán superar el 25% antes del inicio de la actividad.
Las acciones formativas estaban condicionadas al calendario de las propias convocatorias de formación. El cheque-formación y la tele-formación permitirán extender la formación.
La excesiva subcontratación generaba pérdidas de eficiencia. La formación no podrá ser objeto de subcontratación.
Ausencia de un sistema completo de información que garantizase el seguimiento y evaluación de la formación. Desarrollo de un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones.
Necesidad de mejorar la justificación, el seguimiento y control de los fondos. Garantía del principio de tolerancia cero contra el fraude: Unidad de la inspección y nuevo régimen sancionador.
Necesidad de una mayor calidad en la formación profesional para el empleo. Evaluación permanente de la calidad y el impacto real de la formación (auditorías de control con resultados públicos).

¿Quién coordinará el diseño estratégico del sistema y cómo se planificará el sistema de Formación Profesional para el Empleo?

La Administración General del Estado ejercerá la coordinación en el diseño estratégico del sistema.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de las comunidades autónomas, de las organizaciones empresariales y sindicales y de las organizaciones representativas de autónomos y de la Economía Social, elaborará un escenario plurianual de la formación profesional para el empleo y desarrollará un sistema eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo para detectar y anticipar los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido productivo.

Ello permitirá anticipar y proporcionar respuestas efectivas a las necesidades de formación y recualificación en un mercado laboral cambiante.

¿Qué nuevo papel jugarán las organizaciones empresariales y sindicales?

Las organizaciones empresariales y sindicales participarán en la planificación, programación y difusión de la formación profesional para el empleo, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados a través de estructuras paritarias profesionalizadas.

También, las organizaciones de autónomos y de la economía social tendrán un papel determinante en la detección de necesidades, así como el diseño, la programación y la difusión de la oferta formativa dirigida específicamente a los trabajadores autónomos y de la economía social en el ámbito de participación que se establezca. En ese sentido, se reconoce el derecho a la formación profesional para el empleo a los trabajadores autónomos.

Respecto al papel de sindicatos y empresarios en el nuevo modelo de formación se destaca que tienen un rol fundamental en la formación, aunque se les retira de la gestión directa porque el sistema se abre a la concurrencia competitiva.

¿Qué actividades de planificación se llevarán a cabo?

La realización de la citada función comprenderá, al menos, las siguientes actividades:

  • El desarrollo de una metodología y herramienta de análisis prospectivo, en las que se definan procedimientos estructurados para su desarrollo y la difusión y traslación de sus resultados a la programación de la oferta formativa.
  • La potenciación de las iniciativas de detección de necesidades mediante la coordinación de los distintos agentes que pueden aportar al proceso, en particular, las estructuras paritarias sectoriales, favoreciendo un marco de intercambio de información y puesta en común de conocimientos.
  • La identificación de las carencias y necesidades formativas concretas de los trabajadores, a partir de un análisis de su perfil profesional, de forma que puedan adquirir las competencias necesarias para evitar los desajustes con los requerimientos de cualificaciones del sistema productivo.

Los resultados de esas actividades se plasmarán en un escenario plurianual y darán lugar a un informe anual que recogerá, al menos:

  • La identificación de las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo.
  • Las necesidades formativas de los trabajadores.
  • Las recomendaciones concretas que serán referentes de la programación de la oferta formativa.

¿Qué más hay que conocer sobre el papel de los interlocutores sociales?

Como se ha comentado anteriormente en este nuevo modelo el papel de los agentes sociales, especialmente de las organizaciones empresariales y sindicales, sigue estando presente y sigue siendo determinante en la planificación estratégica, aunque no actuarán como gestores directos de la formación.

Ahondando en la gobernanza del modelo, se transformará la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en la que los representantes de la Administración General del Estado representarán a la mayoría de sus miembros.

¿En qué consistirá el diseño de un escenario plurianual?

Se trata de:

  • Asegurar que el sistema responda de forma dinámica a las necesidades formativas de empresas y trabajadores identificadas desde los distintos ámbitos competenciales.
  • Ofrecer una imagen de certidumbre y estabilidad a todos los agentes implicados en su desarrollo que permita la inversión en formación y la generación de estructuras estables en el tiempo.

Su diseño se realizará con la participación de:

  • Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
  • Las comunidades autónomas.
  • Otros departamentos ministeriales.
  • Las organizaciones intersectoriales representativas de los trabajadores autónomos y de las empresas de la economía social.

Asimismo, se contará con la colaboración de:

  • Observatorios.
  • Estructuras paritarias sectoriales .
  • Expertos en la materia.

Este escenario plurianual identificará, al menos:

  • Las tendencias y la evolución previsible de la economía española.
  • Los sectores que serán motor de crecimiento y de creación de nuevos puestos de trabajo y los sectores en reconversión.
  • Las competencias transversales que deben ser objeto de atención prioritaria.
  • Los objetivos de atención prioritaria (sectoriales, transversales, territoriales y por colectivos).
  • La proyección estimativa de los recursos financieros para el sistema de formación profesional para el empleo durante el correspondiente período. Esa proyección podrá incorporar los recursos propios que las comunidades autónomas tengan previsto destinar en el ejercicio de su competencia.
  • Los indicadores que permitan la evaluación del desarrollo y los resultados de la actividad formativa que se realice en virtud de ese escenario.

En todo caso, los objetivos deberán converger con:

  • Las prioridades de la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
  • La Estrategia y directrices europeas sobre empleo y formación.

¿A qué se refiere la Ley con implantar un sistema integrado de información?

La implantación de un sistema integrado de información pretende garantizar la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre formación profesional para el empleo que se lleve a cabo en los distintos ámbitos competenciales.

Este sistema integrado permitirá desarrollar tres instrumentos clave de difusión, garantía de calidad y transparencia para el sistema:

  • La Cuenta de Formación, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional al objeto de acreditar su historial formativo y de orientar la oferta formativa al incremento de su empleabilidad.
  • El Catálogo de Especialidades Formativas, que será referente común de toda la oferta formativa que se programe para los trabajadores ocupados y desempleados y será objeto de actualización permanente.
  • Y el Registro Estatal de Entidades de Formación, de carácter público, al que se incorporarán los resultados de las auditorías o controles de calidad que se realicen a dichas entidades.

De la mano de los mejores sistemas de información, se introduce un compromiso de evaluación permanente y en todas las fases del proceso formativo. El énfasis de la evaluación se sitúa en la calidad y el impacto real de la formación, en términos de mejora en el desempeño en el puesto de trabajo o de inserción de los trabajadores. Serán estos resultados los que permitan mejorar la toma de decisiones acerca de la adecuación de las acciones formativas a las necesidades del mercado y la eficiencia de los recursos económicos y medios empleados.

Junto con estas evaluaciones, se realizarán auditorías de calidad de las entidades que impartan la formación y sus resultados se harán públicos, de forma que empresas, trabajadores y Administraciones dispongan de toda la información posible en un sistema más transparente.

¿Qué tipos de formación profesional se imparten en el ámbito de empleo?

Los tipos de formación profesional impartida en el ámbito de empleo son los siguientes:

FORMACIÓN DE DEMANDA
O BONIFICADA

  • Responde a las necesidades específicas de empresas y sus trabajadores.
  • Se financia mediante bonificaciones a las empresas (580 M€ en 2014), que cuentan con un crédito máximo en función de lo ingresado por cuota el año anterior y de su tamaño: 50% de lo cotizado para grandes empresas, hasta el 100% de lo cotizado por las pequeñas y un crédito asegurado de 420 €/año para las micro-pymes.
  • El alcance de la formación en la gran empresa es muy superior al de las empresas de menos de 10 trabajadores.
  • La gestión de esta formación es estatal y se formaron más de 2,4 millones de trabajadores en 2014.

FORMACIÓN DE OFERTA
O SUBVENCIONADA

  • Tiene un carácter más transversal y genérico que la formación de demanda.
  • Se dirige a ocupados y desempleados y debe estar ajustada a las necesidades del mercado de trabajo.
  • Una gran parte de la formación de oferta dirigida prioritariamente a los trabajadores ocupados y a trabajadores desempleados es ejecutada principalmente por las CC.AA.
  • En el ámbito estatal se formaron 245.000 trabajadores con la convocatoria de 2013.

El origen de fondos para impartir ambos tipos de formación proviene de la cuota de formación que aportan las empresas y los trabajadores, las aportaciones de las AA.PP y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. A estas fuentes de financiación pública hay que sumar la cofinanciación de las empresas para la formación de sus trabajadores.

En total, en 2014 se destinaron 2.280 millones de euros desde la Administración General del Estado para formación profesional para el empleo: el 25% se destinó a formación de demanda, el 60% a formación de oferta gestionada por las CC.AA y el 15% a formación programada desde la Administración General del Estado.

¿Qué iniciativas de formación profesional para el empleo contempla la nueva Ley?

Se entiende por iniciativa de formación cada una de las modalidades de formación profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta inmediata a las distintas necesidades individuales y del sistema productivo.

En particular, la nueva ley contempla:

  • La formación programada por las empresas, para sus trabajadores. En este caso, la extensión de la formación en el ámbito de la micro-PYME debe ser estratégica, ya que actualmente el alcance de la formación en la gran empresa se sitúa en torno al 93%, mientras que sólo el 26% de las empresas de menos de 10 trabajadores participa en la formación de demanda. En este sentido, el papel de las entidades organizadoras contribuirá a aumentar la penetración de la formación entre estas empresas.
  • La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados, constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.
  • La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromisos de contratación.
  • Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados públicos y la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad.
  • Asimismo, se consideran iniciativas de formación las relativas a la formación de las personas en situación de privación de libertad y la formación de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, previa suscripción de los correspondientes convenios entre las instituciones públicas competentes.

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