La Nueva Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo (VI)

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Publica: Revista Digital Canarias Emplea – RED CANARIAS EMPLEA

Autores: Manuel González de la Rosa


¿Conoces la Nueva Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo? (VI)

En la sexta entrega sobre la Nueva Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, la Revista Digital Canarias Emplea continúa presentando algunos contenidos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, con la finalidad de facilitar su comprensión y favorecer su divulgación.

¿Cómo se financiará la formación profesional para el empleo?

El sistema de formación profesional para el empleo dispondrá de una financiación con el fin de otorgarle estabilidad al propio sistema.

Esa financiación deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, acreditados y/o inscritos conforme a la normativa vigente, para la impartición de toda la programación formativa aprobada por las distintas Administraciones públicas.

El sistema se financiará con:

  • Los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
  • Las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
  • Los fondos propios que las comunidades autónomas puedan destinar en el ejercicio de su competencia.
  • También, a través del Fondo Social Europeo o de otras ayudas e iniciativas europeas.

Los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las iniciativas de formación gestionadas por las comunidades autónomas, se distribuirán de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Además, en la asignación y seguimiento de estos fondos será de aplicación la Estrategia Española de Activación para el Empleo vigente en cada momento y, en particular, su distribución entre las comunidades autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Políticas de Empleo de cada ejercicio, así como el control y garantía de la máxima eficiencia en la utilización de dichos fondos.

¿Qué fórmulas concretas de financiación son aplicables?

En la aplicación de los fondos de formación profesional para el empleo, se utilizarán las siguientes formas de financiación:

  • Bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no tendrán carácter subvencionable. Se aplicarán a la formación programada por las empresas para sus trabajadores, a los permisos individuales de formación y a la actividad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje.
  • Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que se aplicarán a la oferta formativa para trabajadores desempleados y ocupados, incluida la dirigida específicamente a trabajadores autónomos y de la economía social, así como a los programas públicos mixtos de empleo-formación.

La concurrencia estará abierta a todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, salvo cuando se trate de programas formativos con compromisos de contratación, en cuyo caso la concurrencia estará abierta a las empresas y entidades que comprometan la realización de los correspondientes contratos en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Asimismo, en los programas públicos de empleo y formación la concurrencia estará abierta a las entidades que establece su normativa reguladora específica.

  • Los servicios públicos de empleo competentes podrán, como alternativa a las convocatorias de subvenciones, proporcionar un «cheque formación» a los trabajadores desempleados que, de acuerdo con su perfil, precisen realizar acciones formativas concretas para mejorar su empleabilidad.

En este caso, el trabajador entregará el citado cheque a una entidad de formación seleccionada por él de entre las que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción establecidos para impartir la formación, que, a su vez, sean seleccionadas por la Administración competente para formar parte del sistema de información y seguimiento específico que se desarrolle para ello.

En cuanto al cheque formación se ha aceptado delimitarlo para evitar posibles casos de fraude, de tal manera que los desempleados podrán elegir el centro donde quieren recibir la formación y será la Administración la que se encargue de abonar al centro este cheque. Su implantación será consultada previamente con sindicatos y empresarios y, las comunidades autónomas, en Conferencia Sectorial, podrán determinar los criterios a seguir.

  • Las Administraciones públicas competentes podrán aplicar el régimen de contratación pública o cualquier otra fórmula jurídica ajustada a Derecho relativa a la gestión de fondos del sistema de formación profesional para el empleo, su seguimiento y control, así como la calidad y evaluación de la formación impartida.
  • La concesión directa de subvenciones se aplicará a las becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas y, en su caso, a la compensación económica a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales.
  • A la financiación de la formación de los empleados públicos se destinará el porcentaje que, sobre los fondos provenientes de la cuota de formación profesional, determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. Esta formación se desarrollará a través de los programas específicos que se promuevan conforme a lo establecido en los acuerdos de formación que se suscriban en el ámbito de las Administraciones Públicas.
  • A la financiación de las acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social se destinará la cuantía que anualmente establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, se podrán prever entregas de fondos con carácter previo al inicio de la actividad formativa:

  • Con un límite máximo que en ningún caso podrá superar el 25 por ciento del importe concedido.
Antes de la actividad
Limite máximo 25%
  • Igualmente, podrá preverse el pago de hasta un 35 por ciento adicional una vez acreditado el inicio de la acción formativa.
Inicio de la actividad formativa
Pago adicional 35%
  • En todo caso, un mínimo de un 40 por ciento del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
Finalizada y justificada la acción formativa
Importe mínimo 40%

Por otra parte, para posibilitar que los fondos de formación que no hayan sido empleados en un año puedan utilizarse en el ejercicio siguiente se ha considerado que los remanentes de crédito al final de cada ejercicio se incorporen a los créditos de siguientes ejercicios.

¿Qué son los módulos económicos?

Se entiende por módulo económico el coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de financiación pública.

Los módulos económicos se aplicarán a todas las iniciativas de formación profesional para el empleo, incluida la formación de los empleados públicos.

¿Qué tipo de módulos se establecen?

Se fijarán módulos económicos específicos para las distintas especialidades formativas incluidas en el Catálogo, previo estudio de su adecuación a los precios de mercado en función de la singularidad, especialización y características técnicas de las mismas, así como de las modalidades de impartición.

Estos módulos económicos serán objeto de actualización periódica.

Además, se fijarán los módulos económicos máximos que serán de aplicación en la financiación de los costes de la actividad formativa realizada y justificada para aquellas especialidades o acciones formativas para las que no se hayan establecido los módulos específicos.

En el importe de estos módulos estarán comprendidos:

  • Los costes directos de la actividad formativa.
  • Los costes indirectos de la actividad formativa que no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
  • Se podrán financiar los costes de organización en la formación programada por las empresas siempre que estas encomienden la organización de la formación a una entidad externa. Estos costes no podrán superar el 10 por ciento del coste de la actividad formativa, si bien podrán alcanzar hasta un máximo del 15 por ciento en caso de acciones formativas dirigidas a trabajadores de empresas que cuenten con entre 6 y 9 trabajadores en plantilla, así como hasta un máximo del 20 por ciento en caso de empresas con hasta 5 trabajadores en plantilla.
  • En ningún caso se entenderá como coste objeto de financiación pública los bienes, productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a disposición o prestados por las entidades de formación o las entidades externas organizadoras de la formación y que no resulten estrictamente necesarios para la impartición de la actividad formativa.

Finalmente, se ha posibilitado que las comunidades autónomas puedan, “dentro de una horquilla”, adecuar los costes de los módulos formativos, teniendo en cuenta que los costes laborales no son los mismos en todos los territorios.

¿Cómo se realizará el seguimiento y control de la formación?

El seguimiento y control de la formación:

  • Sobre la totalidad de las acciones formativas.
  • Se ampliará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, incorporando los resultados de la formación y contribuyendo a garantizar su calidad.

Ese seguimiento y control se podrá realizar:

  • Comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición.
  • En base a una muestra estadística suficientemente representativa, complementado con cuestionarios y entrevistas a los participantes sobre la calidad e impacto de la formación recibida y con auditorías de calidad de las entidades de formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación.

Asimismo, deberá garantizarse un seguimiento y control de la formación para el empleo de manera integral y coordinada entre las diferentes Administraciones y organismos que intervienen en su gestión. A tal efecto, elaborarán un plan anual de seguimiento en sus respectivos ámbitos de actuación teniendo en cuenta las orientaciones que se aprueben en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

  • Las Administraciones competentes se dotarán de los instrumentos y medios de control necesarios para detectar, evitar y, en su caso, sancionar los casos de incumplimiento o infracción. Asimismo, se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas.
  • La Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá contar con estructuras especializadas en materia de formación profesional para el empleo. Se constituirá, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, una Unidad Especial de Inspección.
  • La referida Unidad especial desarrollará anualmente un programa de inspección, de acuerdo con la información que le sea facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
  • La ejecución de dicho programa de inspección contará con la participación de las Direcciones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.
  • Corresponderá a las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de función pública inspectora ordenar la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta materia, que se realizará, cuando resulte necesario, en colaboración con la referida Unidad especial de Inspección.
  • Para la ejecución de las actividades de seguimiento y control de la formación, las Administraciones públicas competentes podrán recurrir al apoyo de entidades externas especializadas e independientes, destinando para ello una financiación que no podrá superar el 5 por ciento de los fondos de formación gestionados en el respectivo ámbito competencial.

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